Marc Jean Dourojeanni:
Profesor emérito de la Universidad Nacional Agraria La Molina, Lima, Perú.
Visitaba un parque nacional en Brasil. Los guardaparques me invitaron a acompañarlos en su ronda diaria. Detectaron a un pescador que ya había logrado tres presas, de tamaño bien modesto. Pero era periodo de veda y el pobre diablo era reincidente. Peor, pescar en un parque nacional es un crimen federal. Debían, pues, entregar al criminal en un puesto de la Policía Federal. El más próximo estaba a 180 km de distancia. Bordeando el Parque, vimos una enorme deforestación en plena ejecución, usando tractores unidos por cadenas.… dos mil hectáreas en un solo bloque, me explicaron. La polvareda era insoportable. Según el personal del Parque, eso fue autorizado por el municipio local, grande en extensión, pero de apenas unos 20 mil habitantes, como mucho. En el camino al puesto policial también nos encontramos canales muy profundos revestidos de plástico, en los que corría agua retirada del río que sale del Parque y que recorrían decenas de kilómetros, formando cuadrículas. Explicaron que esa infraestructura abastecía a enormes pivotes centrales para riego por aspersión… soya, claro. Mis compañeros comentaron que eran incontables los animales que a diario caen en esos canales, bien sea para beber o para cruzarlos y que no consiguen salir, muriendo ahogados. Eso también fue autorizado por el municipio, pese a que en las condiciones semiáridas del lugar los canales a cielo abierto y el riego por aspersión no son apropiados. Continuamos el viaje y entregamos al pescador delincuente a la autoridad, donde quedó preso.
La situación arriba mencionada es apenas un ejemplo de cómo las políticas públicas, la legislación y su aplicación, es decir, el Estado, comete injusticias flagrantes aplicando sanciones desproporcionadas para perjuicios mínimos, al mismo tiempo que permite, tolera o incentiva actos desproporcionadamente lesivos. Es probable que tal alcalde, el que autorizó deforestación y construcción de canales, extrapolara su autoridad o que utilizara la ley de modo peculiar, con apoyo del poder económico local. Pero el hecho que subsiste es que en el Brasil la ley y el orden tipifican como crimen grave la pesca que hace un campesino analfabeto, pero solo contemplan, resignadamente, la destrucción del ecosistema y la aniquilación de la biodiversidad sobre enormes extensiones.
Lo mismo es visible en todos los países de la región. En el Perú, son tristes las publicitadas redadas policiales contra los vendedores de orquídeas silvestres en las carreteras mientras que a cada lado de la misma yacen cientos y más cientos de hectáreas recién derrumbadas, con los troncos de árboles quemados y aún humeantes, de donde los recolectores rescatan las orquídeas. Ocurre lo mismo con otras plantas ornamentales, con los científicos que coleccionan insectos que son detenidos y acusados de “biopiratas” porque no tienen las engorrosas y demoradas autorizaciones legales; ocurre, con el que corta un árbol que ya se está cayendo y que la municipalidad olvidó podar y hasta con el que patea un perro callejero que lo ataca. La ley es durísima con los que cazan, pescan o colectan indebidamente, pero es absurdamente relajada con los que destruyen ecosistemas completos y que disponen de ingenieros para justificar cualquier atropello a la naturaleza y de abogados para defender lo que es técnica y moralmente indefendible y, claro, de mucho dinero para pasar encima de cualquier oposición. Aun si los hacendados, sus ingenieros, sus abogados y la autoridad concedente fueran denunciados, ninguno iría preso, como el pescador del hecho. Solo los pobres o los menos ricos son penalizados por legislaciones hechas con buenos propósitos pero que pierden todo sentido en el contexto de la brutal falta de equidad que las domina.
Desde 2017 el Perú vive un caso, entre otros, como el arriba citado. Se trata de la descarada invasión de tierras y la destrucción de bosques en Loreto y Ucayali por colonias menonitas venidas de todo el mundo. Como reiteradamente se ha denunciado, ellos hacen, sin ningún obstáculo evidente, todo lo que los demás peruanos no pueden hacer sin enfrentar la justicia. Ya han destruido más de 7,000 hectáreas de bosque en cinco colonias en los departamentos antes mencionados (https://www.maaproject.org/2023/mennonites-peru/). Son, después de la expansión de los cultivos de palma aceitera, la principal causa de deforestación masiva en la Amazonía peruana. Sus acciones claramente ilegales han sido denunciadas con pruebas irrefutables, pero… no pasa nada. Por otra parte, son muchos los campesinos que cuando deforestan algún pedazo de selva sin autorización previa enfrentan serios problemas con la ley o que, en todo caso, deben irse y esconderse. Mientras tanto, esos colonos arrogantes se exhiben sin vergüenza en el campo, en ciudades y en aeropuertos. Ellos son parte de la vanguardia de los que van al Congreso de la República a presionar a los políticos para cambiar la ley forestal en su favor.
Es verdad que la ley debe ser para todos y que si está prohibido pescar o cazar durante las vedas o en los parques nacionales, debe ser cumplido. Pero no es tolerable que quien comete esas infracciones sea castigado con rigor, hasta con privación de libertad si mata o hiere algún animal, mientras que los que eliminan números enormes de plantas y animales deforestando, drenando humedales o contaminando ríos, puedan hacerlo sin correr riesgo de ser arrestados o de ir a prisión y que, a lo sumo, reciben la orden de detener la acción y de pagar una multa, hecho lo cual continúan como si nada.
Dicho en otras palabras, la justicia debe ser justa. Y, para eso, debe sancionar en función de la gravedad del perjuicio ocasionado a la sociedad. Cierto es que cazadores profesionales que capturan especies raras para el tráfico o que abastecen los mercados y restaurantes con carne de monte deben ser repelidos con firmeza pues ponen especies en riesgo y limitan los alimentos para los pobladores del bosque, sean indígenas o ribereños. Pero infinitamente mayor es el perjuicio que ocasionan los que destruyen bosques burlando la legislación con lo que exterminan a muchísimos animales, inclusive los que la ciencia ni conoce. Pero para éstos no hay prisión como si lo determina en el Perú, pero sólo para quien maltrata directamente a animales, la Ley de Protección y Bienestar Animal (Ley No 30407) y el 206-artículo 206 A del Código Civil.
Es verdad que no es fácil preparar leyes que sean realmente equitativas, pero, por ejemplo, toda modalidad de alteración drástica y significativa de ecosistemas, conllevando mortandad masiva de animales y plantas, debería ser clasificada como crimen ambiental y estar sujeta a penas privativas de libertad, tanto como la que se aplicó al pescador del relato previo. No es lógico que matar o maltratar grandes números de seres vivos no reciba menos penalidad que hacerlo con solo uno o con muy pocos. Esa sería un comienzo para procurar equilibrar la balanza. Si los líderes menonitas y los promotores de la minería ilegal supiesen que por hacer lo que hacen pueden ser presos apenas por la crueldad de sus acciones para con la fauna y por la mortalidad que en ella ocasionan, lo pensarían mejor.
Otra opción, obviamente, sería la de confiar en la sabiduría de cada juez, esperando que aplique el sentido común, castigando en proporción a la magnitud del daño y al siempre variable contexto en que se practica el acto. Pero eso requiere de jueces que aún no existen y cuya formación requeriría de muchos siglos, aunque hacerlo siempre sería posible para crímenes ambientales menores. Mientras tanto, se debe ser muy cuidadoso con la redacción de la legislación para evitar tanto la severidad excesiva con los pobres, como la tolerancia con los ricos y poderosos.