Marc Jean Dourojeanni:
Profesor emérito de la Universidad Nacional Agraria, La Molina, Lima, Perú.
Es triste ver como la historia se repite cada vez, con actores nuevos que parecen preocuparse exclusivamente de sus propios bolsillos en lugar de pensar en el bienestar de los demás y en el propio futuro. El último episodio es provocado por algunos directivos de la Sociedad Nacional de Pesquería que pretenden eliminar la prohibición de la pesca a gran escala dentro de las áreas naturales protegidas. Episodios previos incluyeron, en 1982, abrir la Reserva a la minería; en 1985-1987, recortar el 60% de su área para instalar un desarrollo urbano playero en su parte sur y, disimuladamente, otra vez, fomentar la minería y, en 2020, expandir las actividades del Terminal Portuario General San Martín, habilitándolo para el transporte y almacenamiento de concentrados minerales en gran escala, que atravesarían la parte más sensible de la Reserva.
¿Es tan difícil para algunos peruanos entender que preservar un pedacito de la naturaleza del país es indispensable para mantener su biodiversidad, sus paisajes y su patrimonio histórico y arqueológico? Pues parece que sí, como lo muestran los renovados intentos de destruirlo. Este último, de todos, es el más aberrante.
La Constitución y la legislación son claras en cuanto a la prioridad absoluta que tiene la preservación del patrimonio natural del Perú y a la autoridad que tiene el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado para definir las reglas de uso de las reservas nacionales. Y esa autoridad no es fruto de un capricho sino una necesidad imperiosa para asegurar la conservación de las demás especies en esa Reserva. Del recurso que las industrias quieren extraer, principalmente la anchoveta, dependen las aves guaneras, de las que a su turno dependen las mismas anchovetas y todas las demás especies de peces, aves y mamíferos como los lobos de mar y los gatos marinos residentes en la Reserva. Es un ecosistema complejo que, si se quiere preservar, no puede ser aprovechado de modo abusivo. Hasta ballenas y orcas, que se ven cada vez con más frecuencia en la Reserva, se verán afectadas.
Fotografía de portada: Sernanp
De otra parte, el mayor retorno social de Paracas, además de la pesca artesanal, es el turismo nacional y extranjero que, evidentemente se verá muy perjudicado por esa actividad. Paracas es un lugar de importancia internacional por muchos motivos y ya es previsible las críticas que el Perú tendrá que sufrir por un atentado de esas proporciones, pues permitirlo violará una serie de tratados y acuerdos internacionales que, precisamente, enfatizan en la necesidad de conservar algo del mar.
De otra parte, el mar de la Reserva abarca apenas poco más de 2,000 km2, eso es mucho menos que un cuarto del uno por ciento del mar peruano que ocupa 1’140 646,8 km². Es decir, que es insignificante en términos de su potencial para la pesca industrial que dispone libremente de más del 99,9% restante. Además, el mar de Paracas ya sufre de pesca artesanal intensa que es considerada abusiva por muchos expertos. O sea que este reclamo no va a resolver la “crisis” de la industria pesquera que es provocada por ella misma, que abusa año tras año de un recurso ya exhausto.
Los promotores de esta aberración, además, olvidan que el mar de Paracas es un foco de reproducción para las especies marinas allí relativamente protegidas y que éstas, a medida que la densidad de sus poblaciones aumenta, irradian a las áreas aledañas donde precisamente operan las embarcaciones industriales. Es decir, que si se destruye ese lugar con grandes bolicheras y pesca de arrastre o de fondo, es absolutamente seguro que en el futuro muy próximo se producirá una drástica reducción del potencial pesquero en un área mucho mayor que la de la propia Reserva.
Hay muchos otros argumentos políticos, legales y éticos para descartar esa propuesta que, además, no debería ser abordada por el Poder Judicial sino en la esfera ejecutiva o en la legislativa. Los jueces deberían abstenerse de opinar sobre esa materia. Los argumentos de “derechos adquiridos” previos a la creación de la Reserva son estrafalarios. Es obvio que sus promotores no leyeron siquiera la legislación sobre áreas naturales protegidas.
Finalmente, este asunto no es solo una amenaza a la Reserva Nacional de Paracas sino a todas las reservas nacionales de Perú y a la mucha gente que depende de ellas en todo el territorio nacional, sin siquiera mencionar su impacto drástico en la diversidad biológica que la Constitución ordena conservar. Este es un asunto muy serio. Mucho más que el bolsillo, seguramente ya bastante lleno, de sus promotores.
NdR: Las opiniones expresadas en el presente artículo son responsabilidad del autor y no reflejan la posición oficial de Pronaturaleza o de alguno de sus integrantes.