Marc Dourojeanni:
Profesor emérito Universidad Nacional Agraria, La Molina, Lima, Perú.
Pese a haberse deforestado 12 millones de hectáreas de los bosques amazónicos peruanos, apenas tres producen cosechas cada año que, además, están muy por debajo de su potencial usando técnicas agrícolas disponibles. Se desperdicia por lo menos cinco millones de hectáreas que podrían producir de modo económicamente rentable y ambientalmente sostenible. El resto de la tierra deforestada está degradado y debe ser restaurado. Se propone una alternativa para resolver esta situación incongruente, que permitiría el crecimiento económico y evitar la deforestación.
Como bien se sabe, a consecuencia de la eliminación de los bosques y de su degradación, la Selva del Perú, como toda la Amazonia, se acerca peligrosamente al punto de no retorno a partir del cual los impactos ambientales serán irreversibles y los esfuerzos para mantener o mejorar los aportes de esa región al desarrollo social y económico, por grandes que sean, serán infructuosos, agravando mucho la situación actual y el futuro.
En efecto, en la Selva ya se ha deforestado una extensión que probablemente supera los 12 millones de hectáreas[¹] de las que cada año menos de tres (3) millones producen cosechas o se usan efectivamente [²], incluyendo cerca de un (1) millón “en descanso”; el resto, es decir ocho (8) millones se encuentra asimismo en descanso o está semiabandonado, abandonado y/o degradado. Debe recordarse, para ubicar las cifras citadas, que a pesar de que la superficie agrícola del Perú se estimó en 2021 en 11,6 millones de hectáreas [³], según el INEI en ese año la superficie cosechada en todo el territorio nacional era de apenas 3,5 millones de hectáreas [⁴], lo que indica que, en la actualidad, la mayor parte cultivada se encuentra en la región amazónica.
Por otra parte, la porción deforestada que se utiliza anualmente produce apenas de la mitad a un tercio o menos de lo que permite su potencial si se aplicasen técnicas agronómicas bien conocidas. Si apenas se duplicara la productividad en los tres millones de hectáreas bajo uso efectivo dejaría de justificarse deforestar más. Pero si, además, se aprovechara la totalidad del área deforestada, el Perú podría triplicar su producción agropecuaria y forestal sin deforestar una sola hectárea a más.
Las causas de esa situación contradictoria, es decir mucha tierra deforestada sin uso y baja productividad muchas veces asociada a pobreza extrema, son numerosas y complejas, pero bien conocidas. De ellas destaca, sin duda, la inequidad característica de la sociedad peruana que se manifiesta en pobreza y, claro, en el dominio de la informalidad. A eso se suma, la incapacidad del estado y de los gobiernos para ejercer una gobernanza razonablemente eficaz, lo que se traduce en servicios públicos ineficientes o deficientes y en el imperio de la corrupción. Estos son problemas cuya solución depende de un proceso político inevitablemente de largo plazo.
Sin embargo, una de las expresiones más importantes de la inequidad en la Selva pasa por la tenencia de la tierra. En efecto, como visto anteriormente, de la enorme extensión actualmente desnudada de sus bosques originales cada año se aprovecha efectivamente una porción inferior al 20%. Eso se debe a que la mayor parte de esa tierra que fue invadida, es decir ocupada ilegalmente a lo largo de varias décadas, es desperdiciada porque, teniendo vocación forestal y/o de protección, no puede ser entregada en propiedad. La legislación no permite titular esa tierra pues constituye parte del patrimonio forestal nacional. De hecho, de los 12 millones de hectáreas ya sin bosques originarios, solamente 4 millones tendrían dueños más o menos formalizados.
Esa realidad brinda una oportunidad para aliviar las tensiones sociales y frenar la deforestación. Miles de posesionarios informales de la tierra, en gran parte o totalmente deforestada, no pueden hacer realidad inversiones propias o de terceros en ella pues no tienen título de propiedad y carecen de acceso a crédito, no pueden vender o comprar y, por eso, apenas las dedican a cultivos estacionales, de panllevar y no establecen edificaciones perdurables ni mejoran la tierra. Viven pobremente y avanzan sobre el bosque para confrontar la baja fertilidad natural de los suelos.
El hecho es que, a través de los años, la aplicación de la clasificación de tierras por capacidad de uso mayor ha perdido vigencia. Usada en el Perú desde los años 1960 para proteger los bosques, se ha convertido en técnicamente obsoleta y, peor, contradictoria a su finalidad original. Además, como está bien demostrado, no ha evitado la deforestación masiva. La nueva realidad económica y de infraestructura, las nuevas tecnologías agrícolas, así como las de las plantaciones forestales, permiten suplir la baja fertilidad de esas tierras y producir en ellas de modo económicamente rentable y ecológicamente sostenible.
Es decir que la situación existente, aunque sea fruto de una triste realidad socioeconómica y del desgobierno, brinda una chance considerable de resolver, por lo menos en gran parte, tanto el problema de la deforestación como el de impulsar el desarrollo regional. Se trata de ofrecer la titulación sobre esas tierras ya sin bosques naturales, para satisfacer la demanda social y hacer que pasen a ser tan productivas como pueden serlo, a cambio de la decisión de fijar de modo definitivo el límite de la frontera agropecuaria-forestal o, dicho de otro modo, de prohibir estrictamente la sustitución de bosques naturales por cultivos, crianzas o actividades mineras.
Todo indica, aunque las cifras precisas deben ser confirmadas, que descontando los tres (3) millones de hectáreas actualmente en producción, unos cinco (5) millones de hectáreas deforestadas en la región Selva que son aptas para la agricultura, la forestación o la pecuaria podrían ser otorgadas en propiedad a sus ocupantes. El resto, estimado entre tres (3) y cuatro (4) millones de hectáreas posiblemente debería permanecer como tierra pública ya que está demasiado degradado o porque se encuentra en pendientes excesivas y debe ser restaurado. Gran parte de esta tierra se encuentra en la llamada Ceja de Selva o Selva Alta. Sin embargo, bajo condiciones especiales, parte de esa tierra también podría ser titulada u concedida. Como se ha dicho, cuatro (4) millones de hectáreas ya tienen dueño e incluyen tierras en producción como, en menor proporción, otras sin uso o de protección.
En esencia, se trata, pues, de crear una situación del estilo win win. Los posesionarios de tierra se convertirían en sus dueños legales y podrían invertir en hacerlas producir más y mejor y, de ese modo no precisarían invadir ni deforestar más tierra y, de otra el bosque remanente sería resguardado mediante medidas más estrictas que en la actualidad. O sea que, esa decisión debe estar condicionada de modo sine qua non a la prohibición del cambio de la tierra que se encuentra actualmente cubierta de bosques naturales de modo a establecer una frontera agropecuaria forestal definida y estable y asegurar el mantenimiento del patrimonio forestal restante debidamente manejado y conservado. Para eso es necesario recrear un cuerpo eficiente de policía forestal, así como formalizar y fortalecer la profesión de los guardabosques.
El otorgamiento de títulos de propiedad definitivos a sus ocupantes actuales deberá realizarse bajo condiciones que garanticen el uso sostenible de la tierra, incluyendo el mantenimiento de los bosques residuales y/o restauración de las porciones degradadas de sus propiedades, tomándose asimismo las medidas para evitar que la medida estimule más deforestación. De otra parte, se debe concluir el proceso de titulación y demarcación de las tierras indígenas en la modalidad de comunidades nativas (que podrían sumar unos 17 millones de hectáreas) y, entregando formalmente la propiedad comunal sobre los bosques naturales actualmente cedidos en uso. Estos, con ayuda financiera y técnica del Estado, pueden ser dedicados a la producción forestal sostenible y/o a la conservación. Asimismo, se debe proceder a la titulación de las tierras en posesión informal de las comunidades ribereñas de la Selva Baja.
Nada de lo propuesto funcionará bien si no es acompañado del fortalecimiento de los servicios de asistencia técnica y crediticia a los agricultores, con prioridad para los nuevos propietarios y para las comunidades nativas y campesinas, de modo a que puedan elevar la productividad en sus tierras enfatizando en la agroforestería y, las plantaciones forestales. Con respecto a esas últimas es preciso revocar las limitaciones existentes para crearlas, sean estas de especies nativas o exóticas, que deben ser consideradas como un cultivo más y que no deben formar parte del llamado patrimonio forestal nacional. Las plantaciones forestales industriales son una de las mejores opciones económicas y sostenibles para el desarrollo de la región.
Para controlar la deforestación es indispensable imponer una moratoria de diez años a la construcción de carreteras nuevas atravesando bosques naturales, habida cuenta de que estas son el principal vector de deforestación y, en cambio, invertir más en el mejoramiento de las carreteras existentes que sirven a las áreas ya deforestadas.
El bosque natural productivo fuera de las áreas naturales protegidas (unos 15 millones de hectáreas) debe ser manejado en forma sostenible y, complementariamente, se debe aumentar la inversión pública en la conservación y puesta en valor del sistema nacional de áreas naturales protegidas por el Estado (que suma 20 millones de hectáreas), así como las privadas, estimulando el turismo y el ecoturismo regional. Esto aseguraría que el bosque natural o intervenido (manejado) se mantenga sobre 52 millones de hectáreas, es decir que 70 a 80% de la región Selva permanecería con cobertura forestal. Con el objeto de recompensar a los que protegen el bosque, que lo manejan de forma sostenible o que lo restauran es también necesario fortalecer los mecanismos nacionales e internacionales de negocios y compensación económica por conservación de bosques en el marco de las convenciones internacionales sobre cambio climático.
Como es obvio, para materializar la propuesta es necesario insertarla en un plan nacional de desarrollo estratégico amazónico, actualmente inexistente, que sea consensuado y negociado. Hacerlo, implica también algunas reformas simples y concretas de la legislación vigente. Si se logra hacer lo propuesto se evitaría llegar al punto de no retorno (deforestación de alrededor del 20% del bioma) y se aseguraría un crecimiento económico notable, sostenible y sin deforestación.