Marc Jean Dourojeanni:
Profesor emérito de la Universidad Nacional Agraria, La Molina, Lima, Perú.
Nuestro país siempre se muestra a contrapelo de todo. En vísperas de la mayor reunión planetaria para la defensa de la humanidad contra el cambio climático, en la que cuidar de los bosques es casi un lema, nosotros escogimos, como prueba de nuestro aporte, el asesinato de otro líder indígena defensor del ambiente. Quinto Inuma Alvarado ha sido el mártir de turno, incuestionablemente masacrado por luchar contra la extracción ilegal de madera de su comunidad. Su nombre se suma al de Santiago Contorincón, Edwin Chota, Herasmo García, Estela Casanto y Yones Ríos, entre unas tres decenas de indígenas masacrados en las últimas dos décadas. Ashaninkas, quechuas y kakataibos, entre tantas otras naciones, lloran por ellos… y, aparte de los lamentos y las denuncias de rigor, no pasa nada.
Pensábamos que la secular persecución, matanza y esclavización de los pueblos nativos amazónicos había terminado. En el Perú, desde la década de 1970, se les viene otorgando garantías sobre la tierra, proceso que se ha acelerado y, hoy en día, los indígenas amazónicos peruanos son casi dueños de varios millones de hectáreas. Eso es lo que inevitablemente reactiva las confrontaciones con los madereros, agricultores y mineros, todos ilegales y que, por tanto, no respetan derechos ni límites. En efecto, la población indígena es reducida y, por eso y por sus hábitos ancestrales, aún poseen mucho bosque. Eso hace creer a unos pocos que hay “mucha tierra para poco indio” pero, la mayoría aviesa usa esa falacia como justificación para sus propósitos egoístas. Y, por otra parte, la autoridad ha perdido completamente el control. En nuestra Amazonia ha vuelto a imperar la “ley de la selva” o, si se prefiere, la del “lejano este”.
Como en aquellos tiempos, la justicia no puede quedar solo en manos de la autoridad pública, pues ésta casi no existe, es ineficiente o es corrupta. El pueblo, es decir las comunidades, deben asumir esa responsabilidad si desean sobrevivir. Por eso, insisto en que es preciso bajar, al nivel local, la gestión de los bosques naturales y de otros recursos como la pesca y la caza, dando autoridad a comités o consejos locales, realmente representativos de los intereses del pueblo de cada localidad, a los que se debe dotar de gran autonomía. Una o más comunidades nativas pueden unirse, inclusive con otros grupos representativos de ribereños, pequeños agricultores y comerciantes, colectores, pescadores y constituir un nuevo nivel de administración que represente, realmente, los intereses locales. Incuestionablemente se debe, asimismo, formalizar un gran cuerpo de guardabosques locales, especialmente nativos, debidamente entrenados, uniformados y equipados para defender su patrimonio y sus propias vidas.
De otra parte, como se ha dicho en otras oportunidades, no es suficiente titular y demarcar las tierras indígenas. Eso es apenas el comienzo. Esa medida indispensable debe estar acompañada de un esfuerzo redoblado en educación y, primordialmente, de un servicio especializado de asistencia técnica y crediticia que, con base en las iniciativas comunitarias, estimule el desarrollo sostenible en las tierras indígenas y ribereñas, dando oportunidades reales y autónomas de atención a sus necesidades y a sus anhelos de prosperidad. La reunión sobre cambio climático en curso ya anunció la creación de un fondo internacional que debería permitir financiar esas iniciativas con base en los servicios ambientales que esos espacios mejor conservados brindan a la humanidad.
Que el martirio de Quinto Inuma Alvarado y de tantos otros nativos tan visionarios como valerosos, grandes defensores del ambiente y de los derechos humanos, sirva de punto de inflexión para iniciar ese cambio que depende mucho más de los propios indígenas y ribereños que de nuestro inoperante Estado.
NdR: Las opiniones expresadas en el presente artículo son responsabilidad del autor y no reflejan la posición oficial de Pronaturaleza o de alguno de sus integrantes.