Marc Jean Dourojeanni:
Profesor emérito Universidad Nacional Agraria, La Molina, Lima, Perú.
La denuncia de actos contrarios a la ley y perjudiciales a la sociedad es tanto un derecho como una obligación de todo ciudadano. Sin embargo, mientras que quedarse callado y no cumplir la obligación no tiene consecuencias, denunciar siempre es un riesgo. En efecto, es demasiado frecuente que los denunciados amenacen con represalias a los denunciantes y, peor, que cumplan las amenazas, como lo demuestra la lista de víctimas mortales entre los llamados defensores ambientales en el Perú[¹] y en toda la región. Pero también es frecuente, cuando las denuncias son efectivizadas ante el Poder Judicial, que los denunciados terminen procesando o, mejor dicho, criminalizando a los denunciantes. Así, los desmoralizan. Y, lamentablemente, el sistema judicial permite ese juego.
En el Perú, la denuncia pública de los tan frecuentes atropellos al ambiente raramente acarrea consecuencias para los que son los responsables, pues excepto los que son víctimas directas de situaciones gravísimas, los denunciantes no pueden darse el trabajo, siempre costoso y considerable, de documentar los hechos para formalizar la denuncia ante la autoridad competente o interesar al Ministerio Público. Y, si la denuncia es aceptada, es improbable que el denunciante pueda hacer el seguimiento del pleito hasta su culminación. Sin embargo, existen algunas personas y, especialmente instituciones que lo hacen y, haciéndolo, confrontan el riesgo de ser, ellas, víctimas de persecución legal por parte de los denunciados. Perseguir judicialmente a los denunciantes, usando cualquier pretexto, es una táctica que es tanto más viable cuánto más recursos se disponga, por ejemplo, para contratar a los mejores estudios de abogados.
Eso, por cierto, no es nuevo en el Perú. Uno de los casos más memorables fue la tenaz persecución legal que Felipe Benavides organizó contra Antonio Brack, cuando a finales de los años 1970 y comienzo de los años 1980, éste era director del programa de conservación y manejo de la vicuña del Ministerio de Agricultura. Las denuncias estuvieron basadas en mentiras, pero el proceso fue bien promovido por los abogados de Benavides. Finalmente, la sentencia judicial libró al acusado de toda culpa o responsabilidad. Sin embargo, debido a eso Brack sufrió la peor década de su vida defendiéndose, sin apoyo de su institución y sin dinero, de la falsa acusación y de la compleja querella instaurada en su contra. Y fue peor, pues la persecución no solo era legal, sino que su marcha era intensamente propalada en la prensa que el acusador también manipulaba. La sociedad terminó reconociendo eso y, años después, Brack fue designado primer ministro del ambiente del Perú y recibió merecidos homenajes.
El caso de Máxima Acuña contra la minera Yanacocha fue uno de los más mediáticos en la última década:
Cr. Ojo Público
Citando a la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDH) Sierra[²] recuerda que en tiempos recientes se ha registrado más de mil casos de criminalización de víctimas y de denunciantes, que en un 70% correspondían a crímenes ambientales. Está, la criminalización, que se manifiesta en denuncias, investigaciones fiscales y juicios, además de la intensa y malintencionada publicidad sobre éstos, se ha transformado en la principal forma de agresión contra los defensores del ambiente. Es decir, la perversa y cruel transformación de la víctima en criminal. Es evidente que eso es tanto más grave cuanto más pobre es el damnificado que, por eso, sólo puede protegerse y defenderse a través de otras instituciones, públicas o privadas. Pero, ni siquiera ésas están libres de la revancha legal.
Ese es el caso actual de la institución que lidera Lucila Pautrat, una defensora ambiental muy reconocida que, entre otros temas, ayuda las víctimas de atropellos de grandes empresas contra pequeños productores e indígenas que tienen sus tierras invadidas o “compradas” a precios banales y/o con engaños y que, asimismo, violan flagrantemente la legislación vigente sobre uso de tierras de aptitud forestal y desbosque. El resultado de esas acciones ilegales son cientos de pobres que cedieron o perdieron sus tierras y miles de hectáreas de bosques originales destruidos[³]. Pautrat y su institución los denuncia penalmente y… cosas que pasan con la justicia, gana plenamente en primera instancia, pero en la segunda se revierte todo lo decidido en la primera, lo que la empresa aprovecha para denunciarla, en base a falsedades obvias, bien demostradas. Y, en ese caso, pese a las evidencias, la justicia no duda en condenarla por “difamación injuriosa agravada” y, por supuesto, “errores procesales intencionales”, condenándola a prisión y a una multa que jamás podría pagar[⁴]. Y el tiempo pasa y ella, como tantos otros defensores ambientales, se angustia y sufre en carne propia la multiplicación y ampliación de las muchas dimensiones de la injusticia. La futura sentencia que, sin duda, le será favorable, no curará las heridas ni le resarcirá por los daños morales ni por los costos de la defensa.
Aparte de la tragedia del maltrato a los defensores ambientales, tan bien divulgada y discutida por varias instituciones, entre ellas Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR)[⁵]y la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA)[⁶], llama mucho la atención el comportamiento del Poder Judicial. En efecto, ¿cómo es posible que jueces en dos instancias diferentes puedan llegar a sentencias diametralmente opuestas con base en las mismas evidencias? ¿qué rol cupo, y cabe ahora, al Ministerio Público que inicialmente acogió la denuncia? ¿dónde está el error… si lo hubo? Y, finalmente, parece ser tiempo de que el Poder Judicial revise su política sobre los casos de judicialización de denuncias de acusados contra acusadores. Es obvio que existen muchas situaciones en las que los denunciantes merecen ser denunciados. Pero cada caso merece un análisis previo detallado e imparcial, muy cuidadoso, lo que obviamente no ocurrió. De otra parte, uno de los dos jueces se equivocó o, mucho peor ¿cómo se resuelve eso? Aquí no pasa nada… ¿es esa la solución?
NdR: Las opiniones expresadas en el presente artículo son responsabilidad del autor y no reflejan la posición oficial de Pronaturaleza o de alguno de sus integrantes.