Menonitas estadounidenses convictos de deforestación ilegal son cordialmente recibidos en audiencia por la Comisión Agraria del parlamento para intentar formalizar sus futuros desmanes… Malhechores colombianos protegen a mineros ilegales en el Putumayo peruano… Los chinos fomentan activamente la cacería ilegal y en especial el tráfico de despojos de jaguares y otros animales…
Pero no es del comportamiento de extranjeros en territorio nacional de lo que se quiere hablar en esta oportunidad. Tampoco se hablará de lo que los propios peruanos vienen haciendo con su porción de la Amazonia, dentro y fuera de la ley, como la minería y la extracción maderera informales, la destrucción de bosques o las carreteras sin estudios ni autorizaciones. En esta nota, se quiere hablar, más bien protestar, por lo que nuestros propios legisladores proponen hacer, no para resolver o evitar los problemas citados, sino para acelerar la devastación e incrementar la pobreza en esa región.
Entre otros, dos proyectos de ley en curso de aprobación por el Congreso son particularmente preocupantes. El primero, que en realidad es un grupo de propuestas de textos legales en vías de unificarse, pretende modificar la Ley Forestal y de Fauna Silvestre vigente con el exclusivo propósito de facilitar la ocupación y deforestación de tierras con bosques naturales simplificando el zoneamiento forestal y eliminando el procedimiento vigente de clasificar las tierras por capacidad de uso mayor. Hacer eso, sin estar acompañado de una
moratoria de prohibición de cambio de uso de la tierra en la Selva, que evite la eliminación de más bosques naturales, es per se, un crimen ambiental. Facilitará, aun más si posible, la deforestación masiva. Eso, sin llevar en cuenta que actualmente se usan apenas unos tres millones de hectáreas de las alrededor de diez que ya están deforestadas y servidas con caminos. Cualquier legislación nueva para el desarrollo agrario de la Selva debe priorizar el uso de esa tierra, brindando a los agricultores asistencia técnica y crediticia, en lugar de incentivarlos a destruir más bosques.
El segundo es la propuesta de modificar la actual Ley para la Protección de Pueblos Indígenas u Originarios en Situación de Aislamiento y en Situación de Contacto Inicial (PIACI). Este proyecto plantea transferir a las regiones la autoridad para establecer ese tipo de reservas indígenas y propone “revisar” las áreas ya establecidas. Sus promotores, pretextando, como en el caso anterior, “estimular el desarrollo regional”, declaran que “no hay evidencia de la existencia de pueblos indígenas no contactados”. Y, de paso, proponen “suspender” los procesos para la demarcación y titulación de comunidades nativas. Someter asuntos de incuestionable responsabilidad nacional como esos a instancias regionales, donde los intereses puramente locales y frecuentemente espurios predominan, es inaceptable. Ni siquiera en el Brasil, país federal, existe una figura como esa. Otra cosa, como ya existe, es llevar seriamente en cuenta la opinión regional en las discusiones previas.
La aprobación eventual de esos proyectos de ley pondría al Perú a la cola de los países amazónicos en temas socioambientales y seria materia de vergüenza mundial. Los ministerios respectivos, es decir agricultura, ambiente y cultura, así como las agencias estatales responsables y una serie de organizaciones no gubernamentales han producido argumentos excelentes que explican las razones para declarar la nulidad de esos proyectos. Pero, como se observa día a día, salvo excepciones los miembros de este Congreso son impermeables al clamor popular y más aún a las propuestas del gobierno nacional.
Mientras eso ocurre, leyes simples, pero de gran transcendencia, como la ley que atiende el indispensable servicio nacional de los guardaparques, esperan un mínimo de atención. Los guardaparques cuidan del 28% de esa Selva peruana que aún tiene bosques y, recuérdese, los indígenas protegen el otro 23%. Ellos son la única defensa práctica, real, en el mismo bosque, contra la deforestación que avanza sin tregua.
Por eso, al comenzar esta nota se preguntaba: Amazonia peruana ¿hasta cuándo? Al paso al que se avanza, facilitando aún más su destrucción por propios y extraños con la ayuda adicional de este Congreso, el futuro no es promisor.