Marc Jean Dourojeanni:
Profesor emérito Universidad Nacional Agraria, La Molina, Lima, Perú.
La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) ha propuesto al Gobierno Nacional reformas drásticas en la gestión pública ambiental con el fin de estimular la reactivación económica nacional. Este es un propósito muy loable y, sin duda, merece atención. Sin embargo, resalta que, para esa entidad, el principal obstáculo para el crecimiento de ese sector sea, precisamente, el ambiental, por encima de otros como la infraestructura de transporte, la informalidad o la corrupción, entre tantos otros.
La propuesta, concretamente, propone la fusión de varias entidades de los sectores agrario y ambiental en una sola que pasaría a depender de la Oficina del Presidente del Consejo de Ministros (PCM). Implica unir dentro del SENACE (Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles) a la Autoridad Nacional del Agua (ANA), el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) y el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP). El motivo, para los proponentes, es acelerar la emisión de licenciamiento ambiental para las empresas mineras y petroleras pues, en efecto, esas agencias, deben emitir opiniones técnicas vinculantes para las certificaciones ambientales de los proyectos de inversión, lo que según los proponentes es causa de demoras.
Primero, en el contexto mundial actual, dominado por una crisis ambiental de proporciones catastróficas que se revela particularmente grave en el Perú, resulta incomprensible que una entidad que se considera seria pueda proponer debilitar, en verdad, anular, los mecanismos de gestión de los recursos naturales renovables, así como las salvaguardas ambientales que la sociedad, a través del Estado, ha construido durante las últimas décadas. Más aún, no es verdad que el ambiente sea un obstáculo al desarrollo minero y energético, menos aún el principal, como la propuesta deja entrever. Ocurre que algunos empresarios no aceptan que hay emprendimientos que no pueden hacerse cómo y dónde ellos quieren y que, además, jamás aceptan un no como respuesta. Así, en lugar de buscar alternativas insisten en lo mismo, tercamente, año tras año.
Lo más extraño, por no decir absurdo, de esa propuesta es que para evitar lo que llaman obstáculos, sugieren eliminar o “fusionar” instituciones que no tienen relación directa con el proceso del licenciamiento ambiental. Apenas emiten opiniones o pareceres técnicos en lo que les corresponde administrar. Eso es apenas una muy pequeña porción de sus responsabilidades. La ANA es responsable por la gestión del recurso agua al nivel nacional, del mismo modo que el SERFOR lo es con los recursos forestales (la flora en general) y de fauna silvestre, y el SERNANP con las áreas naturales protegidas. Y se pretende, además, que ellas dependan del SENACE que, esa sí, es la responsable por el licenciamiento. Y, dicho sea de paso, se olvidaron de incluir a agencias del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y del de Cultura, que también deben opinar sobre el licenciamiento.
Las instituciones mencionadas tienen, todas y cada una, funciones esenciales, muy especializadas y claramente diferenciadas. No son sustituibles ni intercambiables. Por eso forman parte de la estructura de gobernanza de toda nación civilizada sea cual sea el régimen político que domine. Son, como parte de los ministerios del ambiente y agricultura, la vanguardia de la conservación del patrimonio natural de la nación, en especial de la diversidad biológica y del mantenimiento de servicios ambientales esenciales. Lideran el combate contra la deforestación y la degradación y la lucha por mantener la calidad y disponibilidad del agua. Fusionarlos, reducir su jerarquía, comprimirlos y minimizarlos, en este época en que, por el contrario, son cada vez más necesarios es, simplemente, absurdo.
Otra cosa hubiera sido que la SNMPE demande más celeridad en el proceso de licenciamiento ambiental o, mecanismos nuevos para agilizarlo. Eso puede ser un pedido legítimo, pero no lo es proponer el desmantelamiento del sector público ambiental. Esa idea carece de lógica y, sin duda, perjudicaría inclusive al propio sector minero y petrolero peruano.