Marc J. Dourojeanni:
Profesor emérito de la Universidad Nacional Agraria
La Dirección General de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas, a pedido de PERUPETRO S.A., presentó al Congreso de la República un proyecto de ley para modificar la Ley N° 26834, Ley de Áreas Naturales Protegidas, para facilitar la exploración y la explotación de hidrocarburos en los únicos pocos lugares del territorio del Perú en que eso aún es restringido. Lo hace en una época de la historia humana en que, precisamente, la energía fósil está siendo prohibida en el planeta por ser culpable mayor del cambio climático y de otros males que amenazan el futuro de todos.
Su eventual aprobación, que se espera nunca ocurra, abriría la puerta a la destrucción, por contaminación y deforestación, de los últimos reductos que aún conservan, con gran esfuerzo de la nación y de sus ciudadanos, la parte esencial del patrimonio natural nacional. Sendos análisis de los cambios propuestos y de sus consecuencias legales, realizados por los expertos juristas de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales, DAR[1] y de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, SPDA[2], explican tanto la incongruencia de la propuesta con respecto a la Constitución del Perú y a la normatividad internacional, como los ilimitados perjuicios que podría ocasionar si se aprobase ese proyecto total o parcialmente. Gracias a esos valiosos informes, en esta nota se omite repetir esos argumentos contundentes y, en cambio, se insiste más sobre sus posibles impactos.
En primer lugar, se hace notar que gran parte de las áreas naturales protegidas del Perú, las que pertenecen a las categorías de uso directo, no excluyen la posibilidad de realizarse en ellas, bajo condiciones, tanto exploración como explotación petrolera. Ese es el caso, por ejemplo, de la gran Reserva Nacional Pacaya Samiria que sufre, desde hace décadas, de extracción petrolera, con graves consecuencias ambientales y sociales[3]. Pero, como si eso fuera poco, el Ministerio de Energía y Minas propone ahora expandir la actividad petrolera a los parques nacionales y a otras categorías de áreas protegidas que, por definición legal e incontestable necesidad técnica, son intangibles. Y, para eso, hace una serie de propuestas de apariencia general, insignificantes y benignas que, cuando bien examinadas, comprometen todo el sistema nacional de áreas naturales protegidas y, por ende, pone en riesgo grave e inminente la diversidad biológica de nuestro país, cuyo último bastión son, precisamente, las áreas protegidas de uso indirecto.
Por ejemplo, en el Perú como en muchos otros países, aunque las áreas protegidas se crean por decreto supremo con voto favorable del Consejo de Ministros, la modificación de sus límites sólo se puede hacer por ley. Eso es así precisamente para garantizar, hasta donde es posible, la necesaria perpetuidad de esas áreas en su estado natural. Pero, PERUPETRO pretende eliminar esa barrera fundamental, con lo que el riesgo de entrar en una espiral de degradación, reducción y eliminación de áreas protegidas sería muy elevado, como ha ocurrido en países que no tienen esa previsión. De otra parte, su propuesta incluye, solapadamente, pasar las áreas protegidas de uso indirecto, es decir intangibles, a uso directo, con lo que sería obvio que otras modalidades de explotación de los recursos naturales podrían realizarse también. Como lo indica el análisis de la SPDA, la propia PERUPETRO admite, sin disimulo, querer entrar a explotar parques nacionales como Sierra del Divisor y Cordillera Azul, dos joyas del sistema. Pero hay mucho más. El Ministerio de Energía y Minas también pretende interferir de modo determinante en los propios planes de manejo de todas las categorías de áreas protegidas y en su zoneamiento interno, que son temas altamente especializados y complejos y, asimismo, se propone participar de modo determinante en la definición de los límites y características de las zonas de amortiguamiento. Asimismo, siempre que el texto de la ley de áreas protegidas dice recursos renovables, añaden “y no renovables”, con lo que incluyen la posibilidad de explotar petróleo y, peor, abrirlas a la minería.
Las propuestas de PERUPETRO, curiosamente avaladas por el Ministerio de Energía y Minas en la persona de su director general de Hidrocarburos, contradicen todo lo que otros sectores del mismo gobierno parecen defender. Pero lo más grave es que sus autores parecen no saber que el mundo, incluido el Perú, está agobiado por el cambio climático y por la inminente crisis del agua, espantado por la destrucción de la diversidad biológica, asustado por la subida del nivel del mar y preocupado por el deshielo de sus glaciares, dramáticamente impactado por todas las formas de contaminación, en especial la de los plásticos. Es decir, un mundo donde la norma es buscar energías renovables, como la solar y la eólica, desarrollar industrias verdes, usar mejor la electricidad, reciclar todo lo que sea posible y, sobre todo, proteger más y mejor el ambiente y, en especial, los pocos bosques y la vegetación natural que aún existe o que no está degradada.
Todo indicaría que en PERUPETRO y en el Ministerio de Energía y Minas, existe un reducto de personajes que aún no se han despertado a la realidad del mundo actual y que continúan inmersos en el siglo pasado o, más bien, que no ven, escuchan o leen lo que ocurre bajo sus propias narices. Y, por eso, nadan contra la corriente.
Es de esperar que este infortunado proyecto no prospere y que sea, correctamente, archivado por el propio sector al que pertenece el subordinado que lo presentó. Se trata de una propuesta técnicamente absurda, moralmente indecente y contraria a los intereses del Perú y, en especial, de su Amazonia cuyo pueblo, para variar, se quedaría con los peores impactos negativos de ese póstumo estertor de la era petrolera.